Muchas expectativas, erróneas interpretaciones y debates técnico-políticos han surgido en torno de la gratuidad, a propósito de la aprobación de la matrícula cero. Aún falta camino para hablar de universalidad plena.
Si bien el actual gobierno, del presidente Petro, viene hablando de una reforma a la Ley 30 de 1992, de reforma a los artículos 86 y 87 sobre financiamiento, de los derechos al libre acceso y universalidad en la educación superior y hasta de una reforma al Icetex (que no desaparecerá ni eliminará los créditos, como prometió en campaña), todo esto es sólo -por ahora- una agenda política, y la deseada universalidad en el acceso y la gratuidad en la educación superior son solo iniciativas y la única acción oficial corresponde a la aprobación del Congreso del proyecto de Ley sobre matrícula cero, que debe reglamentarse, pero no es una herramienta de acceso universal.
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Por ello, para claridad de la opinión pública, para aterrizar las expectativas de quienes piensan que Colombia ya avanzó hacia la universalidad de la educación superior y que, con esto, el Estado estaría subsidiando la educación superior de los ricos, es importante hacer las siguientes precisiones:
